En vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por Jesús Manuel Ortiz, para investigar los recursos y el presupuesto asignado a atender el tema de violencia doméstica en la Isla, salió a relucir que la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) solo cuenta entre su plantilla con una educadora y 31 intercesores legales.
«Nos llama la atención que la oficina encargada de educar y apoyar a las víctimas de violencia doméstica tenga una necesidad tan imperante de personal de educación y apoyo a las víctimas. El que exista una sola educadora para educar en el tema para toda la Isla, es insólito y preocupante. Pero, lo más alarmante es que esta oficina solo cuente con 31 intercesores legales para ofrecer apoyo y dirección a las víctimas de los casos de violencia», expresó el legislador.
Los intercesores, son una figura requerida por ley que actúan de intermediarios y guías a las víctimas para atravesar el difícil proceso en los casos de violencia doméstica. Estos son profesionales en el campo de la salud mental, consejería y psicología, que tienen conocimientos en asuntos legales y que son certificados cada dos años por la Oficina de la Procuradora de la Mujer para ofrecer estos servicios. Actualmente, que en la Isla solo existan poco más de 130 intercesores legales, 31 de los cuales están adscritos a la OPM, es inaceptable. Los otros intercesores ofrecen servicios a otras organizaciones que no son parte de la red de colaboradores de la OPM.
«Por los últimos 5 años, las solicitudes de órdenes de protección en casos de violencia doméstica sobrepasan las diez mil. Cada caso debe contar con un intercesor. Es decir, en cálculos conservadores, cada intercesor podría tener que manejar cerca de 80 casos al año. Sabemos lo retante que es un caso de violencia doméstica por lo que urge atender este tema», puntualizó el legislador.
A preguntas de Ortiz González, la representante de la Administración de Tribunales, Lcda. Monica Hernández, señaló que actualmente la Rama Judicial tiene 19 vacantes de las 85 posiciones de jueces municipales. Estos jueces son los primeros que intervienen en un caso de violencia doméstica.
«La representante de la Rama Judicial, estableció que la Declaración de Emergencia en Violencia Doméstica, le facilitó en una parte la obtención más expedita de fondos, pero sabemos que uno de los problemas de atascamiento es que estas agencias, no tienen los fondos suficientes ni recurrentes para atajar un problema tan grande como lo es la violencia de género. Desde la Legislatura, estaremos buscando vías para que este problema pueda ser disminuido y podamos ir erradicando la violencia doméstica de nuestros hogares», finalizó diciendo Ortiz González.
